Juicio por Jurados

 


06/07/2020 - El jurado que tendremos los entrerrianos

Más participación popular, más Justicia

 

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Más participación popular, más Justicia


Cuando hacemos memoria, fácil es recordar la significativa cantidad de ámbitos, congresos, antecedentes legislativos, comisiones de estudio, conferencias, escritos y artículos de publicaciones especializadas y de prensa en general, en los cuales se ha expuesto y debatido sobre el Juicio por Jurados.

 

 

Hubo años de abordaje del tema. En los últimos 37 años, apenas recuperada la democracia, el tema fue recurrente en cuanto ámbito analizaba el enjuiciamiento de delitos penales. Con detractores y entusiastas, el juicio por jurados estuvo siempre: desde la Constitución Nacional de 1853 y desde las primeras constituciones de Entre Ríos, siempre estaba como manda constitucional, siempre la ley lo evitaba o simplemente lo ignoraba. Y como se sabe, las leyes regulan los derechos estableciendo como ellos se vuelven exigibles y efectivos.

Tuvieron inspiración sobre el tema los diferentes gobiernos. Tuvieron iniciativa los legisladores. Hubo inclusive ensayos públicos de jurados funcionando. Sin embargo, no arribamos a un consenso suficiente para lograrlo, hasta el pasado 2019, en que confluyen y coincidieron distintos actores fundamentales procedentes de los tres poderes del estado y de las organizaciones de la sociedad civil.

Bueno es reconocer, a fuerza de ser objetivamente justa, la decisión política del Gobernador Gustavo Bordet, porque sin esa determinación que apuesta a la construcción de ciudadanía responsable y a su participación en uno de los pilares del estado republicano –administración de Justicia- no se hubiera llegado de ninguna manera a la sanción de la Ley 10.746. Esta decisión también tuvo vínculo con los consensos logrados, porque fue determinante en el arranque los diálogos, que se realizaron impulsados con toda firmeza desde el Ejecutivo provincial, participando la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y el INECIP desde el comienzo, con la experiencia de sus miembros en la conformación de las leyes de jurados de las provincias que nos precedieron.

Solo el hecho mundial de la pandemia del Covid-19 ha retrasado el proceso, pero recientemente, el pasado 17/6/20, se sortearon los entrerrianos y entrerrianas que harán la experiencia de ser jurados en los próximos tiempos. Dentro del abanico de cuestiones relacionadas a la implementación de la Ley de Juicio por Jurados, quedan a resolver las capacitaciones, tanto de la ciudadanía como de jueces, fiscales y defensores. Esa labor ya se está realizando por estas horas.

Tal como lo prevé la Ley 10.779, en nuestras escuelas, los estudiantes de los últimos años del nivel secundario, estarán, en los meses venideros, haciendo su discusión del sistema y recibiendo la capacitación para su futuro desempeño como jurados populares.

Recuerdo que en los debates previos a la sanción de la Ley de Jurados de Entre Ríos, hubo temas sobre los cuales las opiniones fueron divergentes: unanimidad del jurado o no; obligatoriedad u opción del imputado; qué tipo de delitos enjuiciar; cómo resguardar a los jurados para lograr su juicio objetivo en los delitos de gran repercusión social. Fueron solo algunos de los temas debatidos, no sólo por juristas. Ya sancionada la ley, como toda norma, lo sensato es que comience a funcionar y, si en el futuro surgen dificultades con alguno de los aspectos vinculados a su aplicación a los casos concretos, podrán hacerse las correcciones que resulten adecuadas. Pero no ahora, en que es necesario echar a andar el nuevo sistema, confiando en la legitimación que el mismo posee desde la conformación misma de la República. Se trata de un instituto que lleva por lo menos dos milenios en la historia de la humanidad.

Se ha dicho que “…El jurado clásico nos remite a un litigio entre partes y ante el público (plano social) de una intensidad y un control desconocidos en las demás formas de enjuiciamiento. Coloca la decisión de los hechos en manos de un imponente número de personas independientes del Estado (aspecto colectivo, deliberación, exigencia de unanimidad, etc.). Además, permite impugnar, tanto en la instancia como en sede revisora, la valoración efectuada de la prueba de los hechos que funda la condena (aspecto objetivable). Esta forma de construir la verdad…ha estado presente, de menor a mayor grado, en todos los sistemas acusatorios desde la época de la polis griega hasta la actualidad. Aquí reside la superioridad del veredicto del jurado clásico sobre cualquier otra forma de decisión judicial” (Harfuch, Andrés; “El Veredicto del Jurado”; Ed. Ad Hoc; 2019, pág. 40).

La democracia argentina, a partir de 1983, evolucionó hacia la conquista de derechos fundamentales, lo que fue plasmando en leyes vitales producidas en los años de afianzamiento de instituciones y en la constitucionalización de los pactos internacionales de derechos humanos. Asimismo, la mera sanción de la Ley 23.054 (1 de marzo de 1984), que aprobó el relevante Pacto de San José de Costa Rica, impactó en nuestra legislación en general -civil y penal- derivando en múltiples modificaciones que mejoraron sustancialmente los derechos de las personas en nuestro país. Obviamente, ello también implicó la mejora en los procesos judiciales, trasuntándose ello en que habláramos con más frecuencia del aseguramiento de la doble instancia, de las garantías judiciales, del requerimiento de justicia efectiva y en tiempos razonables, entre otros conceptos que comenzaron a desembocar no sólo en mejoras en los procesos, sino también en mejores prácticas judiciales y ciudadanas, en el crecimiento de los derechos y en una jurisprudencia muy rica que ayudó a restaurar las profundas heridas de la dictadura.

En los procesos penales, las mejoras fueron sustanciales. Las provincias argentinas, hicieron sus reformas constitucionales que no solo replicaron la conquista de derechos y la Constitución Nacional de 1994, sino que muchas de ellas comenzaron a mejorar instituciones internas. Entre Ríos tuvo su reforma recién en 2008, pero construyó un catálogo de derechos y deberes ciudadanos propio del Siglo XXI que transitamos. El juicio por jurados, no se movió de la letra constitucional. Allí quedó como en expectativa. Hoy está siendo una realidad y con la característica que han tenido en nuestra tierra las reformas de los procesos, que siempre han sido de vanguardia, no tengo dudas que alumbraremos un real avance en el afianzamiento de la justicia, con participación popular.

Tendremos, en el tiempo venidero, hombres y mujeres de nuestra tierra, desde los 18 a los 75 años, penetrando en los planteos de fiscales y defensores ante un delito grave, valorando la prueba que pasa por ante ellos, y adoptando –luego de una deliberación- una decisión de culpabilidad o no, con toda la responsabilidad y la madurez que sepamos afianzar, sobre la cual no tengo dudas.

 

Rosario Romero. Abogada y

Ministra de Gobierno y Justicia.

 

Con la base del consenso

La Ley de Juicio por Jurados en la provincia se sancionó por unanimidad en noviembre del 2019 y fue promulgada inmediatamente. La normativa establece que los delitos graves, que tengan penas de prisión de 20 años o más, sean juzgados, en la provincia, por un jurado popular compuesto por 12 personas, seis mujeres y seis varones.

“La importancia central que tiene el Juicio por Jurado es la de asegurar a los ciudadanos comunes la posibilidad de acceder como un derecho y una obligación el poder participar de procesos judiciales. Fortalece nuestras instituciones democráticas y les agrega transparencia, participación y credibilidad”, sostuvo el gobernador Gustavo Bordet, luego de haberse realizado el sorteo.

“Hemos propiciado desde el Poder Ejecutivo, cuando se anunció el proceso de reforma judicial, la necesidad de plantear el Juicio por Jurado. Rápidamente nos hemos puesto de acuerdo con los bloques Legislativos, y con un trabajo interactivo y arduo con el Poder Judicial para lograr los consensos necesarios para una Ley de esta envergadura”, indicó el mandatario.

Bordet entendió que “una Ley de esta naturaleza no puede tener vigencia si no reúne los consensos que hoy están expresados en este texto legal. Creo que ese ha sido el logro y el mérito más importante, y que todos y cada uno de los que participaron tienen el reconocimiento necesario para que nuestra provincia hoy pueda tener el Juicio por Jurado como ocurre en otras provincias de la Argentina”..

En ese marco, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell, sostuvo: “Estamos dando un salto de calidad en lo que es la participación ciudadana por cuanto en este camino emprendido de la implementación del Juicio por Jurados, elegimos por sorteo a los primeros jurados populares de la historia de la justicia entrerriana, que se van a encargar, como carga pública, pero seguramente con un gran compromiso, del juzgamiento de los primeros casos penales de relevancia, de acuerdo a la ley sancionada el año pasado. Deberán llegar a un veredicto de inocencia o culpabilidad respecto de la conducta de otro entrerriano, con lo que también creo que se produce un verdadero acercamiento de la ciudadanía con el ejercicio mismo del Poder Judicial”.

El magistrado hizo notar que “a partir del fallo Canale de la Corte Suprema de Justicia no ha quedado ninguna duda respecto a la constitucionalidad de las legislaciones provinciales, respecto del Juicio por Jurados. Tampoco de la convencionalidad, en un fallo que es del 8 de marzo del 2018, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a que las garantías judiciales previstas en la convención son plenamente aplicables al Juicio por Jurados”.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, celebró la puesta en marcha definitiva del Juicio por Jurados y consideró que “se requieren formas cada vez más intensas de participación ciudadana directa en los asuntos importantes del Estado. El juicio por jurados, por su innata característica de cuerpo deliberativo popular, es una de las herramientas más fuertes para alcanzar esos objetivos”.

Por su parte, el senador provincial Francisco Morchio, presidente de bloque de Juntos por el Cambio, consideró “muy importante” que “haya sido una ley que se aprobó por unanimidad en las dos Cámaras; eso habla de que se agotaron todas las instancias de diálogo, de propuestas, se tomaron, se discutieron, sino no hubiera salido así; cualquier legisladores lo sabe, así que es algo muy positivo para la ciudadanía entrerriana en general”.

Por otro lado, afirmó que “es un reclamo de la sociedad que la clase dirigente queda lejos de la gente, y esto es acercarla; a la Justicia en particular, pero diría que, a la clase dirigente en general, lo cual es algo muy bueno”.

A su turno, el senador provincial Armando Gay, presidente del bloque Justicialista, el Juicio por Jurados “lo que hace es transparentar la justicia y más que nada hay que tener en cuenta que se han volcado las expresiones de los distintos espacios políticos en este sentido, lo que garantiza el compromiso del Ejecutivo de trabajar en la democratización de la justicia”.

“Creo que democratizar la justicia es tener confianza en nuestros vecinos y demostrar la madurez cívica que tenemos para poder depositar esa confianza y ese sistema judicial en distintas instituciones de toda naturaleza”, enfatizó.

El diputado provincial, presidente del bloque del PRO, Esteban Vitor, consideró que “es un hecho histórico porque se pone en funcionamiento un instituto que está previsto en la Constitución Nacional de 1853 y en la Provincial de 1933; o sea que han pasado muchísimos años en que no se había cumplido con ese mandato constitucional; y el año pasado, por unanimidad, tanto en cámara de Senadores como de Diputados, le dimos trámite y saldamos esa deuda”.

“Nosotros saludamos que se ponga en funcionamiento porque estamos convencidos de que es un instituto que ha dado resultados, no solamente en otras provincias que ya lo han implementado, sino a nivel mundial, en Estados Unidos y en otros lugares del planeta. Creemos que la participación popular en la Justicia es algo que hace bien y que ha dado buenos frutos”, subrayó.

En tanto, el presidente del bloque de la UCR en Diputados, Gustavo Cusinato, señaló que “con la justicia que tenemos hoy en Entre Ríos y en el país, tan cuestionada no solo por los fallos sino por las actitudes de algunos jueces, creo que esto da un grado de control ciudadano sobre los fallos que puedan venir de aquí en adelante; por eso creo que es algo esperado por todos”.

Hizo notar que “hay experiencias acabadas en otras provincias, como la de Mendoza, que han venido avanzando en este sentido y que tiene excelentes resultados”.

Los 5 mil entrerrianos sorteados serán notificados por la Justicia

Luego de haberse realizado el sorteo el pasado 17 de junio en la capital provincial, donde 5.000 personas quedaron preseleccionadas para ser potenciales jurados en los juicios penales que se desarrollen en el 2020 y 2021, ahora la Justicia entra en una etapa de notificaciones.

Según explicó el coordinador del Superior Tribunal de Justicia para la implementación del juicio por jurados, Elvio Garzón, “a los entrerrianos que fueron seleccionados en el sorteo, se les va a efectuar una notificación y van a llenar una declaración jurada. Esa notificación, va a ser por diferentes vías”.

“Desde el Poder Judicial estamos tratando de hacer la comunicación por diferentes vías, no sólo teniendo en cuenta el tema de la circulación del virus que hay en determinadas jurisdicciones, sino también los recursos humanos y materiales con los que cuenta cada jurisdicción”, explicó el magistrado.

“Hay jurisdicciones que directamente tramitarán las notificaciones desde la oficina de gestión de audiencias y en otras, estamos buscando todas las vías de comunicación, que pueden ser redes sociales, teléfono, para poder comunicarnos y buscar la manera de realizar las notificaciones correspondientes”.

Cabe recordar que el sorteo se hizo sobre el padrón utilizado en las elecciones generales nacionales de octubre de 2019, donde la Secretaría Electoral ya excluyó a aquellas personas que en los términos de la Ley provincial Nº10746 no pueden participar de un juicio en calidad de jurado, ya sea por su edad o por la actividad que desarrollan. De este padrón depurado, se realizó una preselección mediante sorteo público, de un total de 5.000 personas con las siguientes terminaciones del número de DNI: 608 - 865 - 145 - 717- 052- 833 - 897- 248 - 941 -056 - 814- 212- 531- 367- 655- 181- 130- 638.

El acto, por disposición de la ley que rige la materia, se realizó en la sede del IAFAS mediante sorteo público, con la intervención del Escribano Mayor de Gobierno y veedores del Colegio de Abogados, de la Asociación del a Magistratura, del Ministerio Público de la Defensa y de la Procuración General.

Las organizaciones de la sociedad civil como garantía

El Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER) fue protagonista en la implementación del instituto juicio por jurado, así como también en el impulso de la legislación y sus debates. “Nos llena de mucha satisfacción por contribuir al progreso de la legislación general, cumpliendo con los objetivos que la ley nos ha establecido. Hoy podemos decir que hemos dado cabal cumplimiento con la manda constitucional, que establecía este mecanismo de participación directa, y que, a su vez, crea condiciones para acercar a los ciudadanos entrerrianos con el servicio de justicia, lo que nos da una mayor calidad democrática”, dijo su presidente, Alejandro Canavessio.

“Todos los estamentos de la sociedad hemos convenido con gran satisfacción, en la implementación del juicio por jurado. Este sorteo, que ha establecido el primer registro de preselección de futuros jurados, nos hace pensar que estamos a tan solo un paso, de tener nuestro primer juicio por jurado, tan anhelado por todos”, agregó.

La presidenta de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Gabriela López Arango, destacó la importancia de contar en la provincia con un instituto que tenía manda constitucional desde hacía muchísimos años. “Esto es una forma de democratizar la justicia, pero también es importante para que el ciudadano pueda ver lo difícil que es la labor de los y las magistradas a la hora de resolver sobre la vida o el patrimonio de las personas, por la complejidad que tiene”, acotó.

“Todos buscamos un mejor sistema de justicia y es por eso que desde la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos hemos participado de las convocatorias y debates que se hicieron sobre el tema”, concluyó.

Además de las asociaciones profesionales, actuaron como veedores del sorteo, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos, representado por Mónica Carmona y el Ministerio Público de la Defensa, con el dr Gaspar Reca.

Campaña masiva de difusión

En este sentido, al convertirse en una carga pública para la ciudadanía la tarea de ser jurado, es menester que el Gobierno Provincial brinde información a la comunidad sobre este nuevo sistema que cambiará el modo de enjuiciamiento de los delitos penales graves.

Con la sanción de la ley 10.779, que crea el Programa “Ser Jurado” en Entre Ríos, el Ministerio de Gobierno, en conjunto con ambas cámaras legislativas, el Consejo General de Educación y el Superior Tribunal de Justicia, diseñó una campaña de difusión y capacitación con el objetivo de concientizar a la población en la responsabilidad ciudadana que implica la tarea de impartir justicia en materia penal, que se comenzará a difundir en el mes de julio.

Con la misma estética de la campaña, se propone generar el material didáctico y pedagógico para todas las capacitaciones y se habilitó una página web que centraliza toda la información al respecto y canaliza las dudas y consultas: www.juicioporjuradoser.gob.ar 

De esta manera se ponen al alcance de la población los materiales de formación y capacitación en un lenguaje claro para garantizar el acceso a las herramientas de información.

 

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